Archivadas las acusaciones penales contra mí

El 29 de julio de 2015 dos socios minoritarios de Zinkia Entertainment, S.A., sociedad que cotizaba en el Mercado Alternativo Bursátil y que por entonces presidía y de la que era el Consejero Delegado, interpusieron una querella contra mí ante los Juzgados de Instrucción. La publicitaron en todos los medios de comunicación que pudieron y afirmaron que esos supuestos delitos me podrían llevar a la cárcel. El 13 de diciembre de 2015, ampliaron la querella con nuevos y supuestos delitos. SEIS AÑOS después, ha quedado claro que todos y cada uno de esos supuestos delitos no existieron nunca. Todo fue un montaje del Sr. Valladares y del Sr. Delgado Gavela. Unas acusaciones sin fundamento veraz alguno, secundada por los medios de comunicación. La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un Auto firme, confirmando el archivo de las actuaciones sobre todos y cada uno de los supuestos delitos, decretado por el Juzgado de Instrucción que las abrió. Las acusaciones no tenían fundamento penal alguno.

En la primera querella que interpusieron, las acusaciones eran por los supuestos delitos de: administración desleal; adopción de acuerdos abusivos; apropiación indebida; falseamiento de información económica financiera de difusión obligatoria con arreglo a la Legislación del Mercado de Valores para colocar activos en el mercado minorista y conseguir financiación de acreedores y de sus obligacionistas; presunta falsedad documental; y estafa.

En la ampliación de querella añadieron los supuestos delitos de vulneración de la ley en relación con información financiera de la sociedad, ex artículo 293 del Código Penal, supuesto vaciamiento patrimonial en mi favor de la sociedad mercantil y administración fraudulenta, ex artículo 295 del Código Penal.

Una vez que la querella fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción, los señores Valladares -actual Presidente de Zinkia Entertainment, S.A.- y Delgado -actual Consejero Delegado de Zinkia Entertainment, S.A.- acudieron a la prensa a comunicar la noticia.

Todos estos acontecimientos coincidían con la celebración de una Junta General de Accionistas de Zinkia Entertainment, S.A. y también acudieron a la Junta General y en ella solicitaron que se incorporara al Acta la querella interpuesta contra mí, entonces el Presidente del Consejo y Consejero Delegado.

Determinados medios de comunicación publicaron la noticia sin dar opción a contrastarla y, desde luego, sin investigación alguna acerca del sustento que las acusaciones pudieran tener. Dictaron culpabilidad contra mí inmediatamente.

Un medio publicó: «El Presidente de Pocoyo, imputado por cinco delitos solitarios. En la querella se denuncian una serie de hechos con los que Castillejo habría intentado «conservar a toda costa el control de Zinkia Entertainment en su propio beneficio, perjudicando los intereses de los accionistas y de los acreedores de la sociedad«. Habría emitido «facturas presuntamente falsas a Zinkia que no se corresponden a servicio real alguno«.

La Agencia Europa Press, que alimenta de noticias a decenas de medios de comunicación en España, publicó que: «según indica en una nota el grupo de accionistas liderado por Miguel Valladares, «a la vista de los autos recientemente conocidos» se admite la posible comisión de varios delitos solitarios, que acarrearían de probarse la pena de varios años de cárcel«.

Fueron decenas los artículos publicados. Y no olvidemos que por detrás estaba una sociedad cotizada, con cientos o miles de accionistas que leían aterrados estas noticias y que, por tanto, corrían a toda velocidad a vender sus títulos, provocando el derrumbe completo del valor.

Pues bien, SEIS AÑOS después ha quedado acreditado y es firme – mediante un Auto de la Audiencia Provincial de Madrid – el archivo decretado por parte del Juzgado de Instrucción. El mismo Juzgado que admitió a trámite tanto la querella, como la ampliación, dictó un Auto en Enero. En él dejó claro que todas y cada una de las acusaciones por las que se interpuso la querella y la posterior ampliación por parte de los dos denunciantes, no tenían fundamento penal alguno. Aparece como evidente que detrás de estas acusaciones sólo había un montaje para hacerse con una compañía cotizada al mejor precio posible y con su principal activo, Pocoyo.

En el camino destrozaron mi vida, la vida de mi familia y el patrimonio de todos y cada uno de los que éramos accionistas de Zinkia Entertainment entonces. Generaron, provocaron y contribuyeron de forma activa, y sobre la base de falsedades ahora acreditadas, a la insolvencia de una sociedad mercantil que cotizaba en un Mercado de Valores organizado, en el seno de la Unión Europea.

Con la completa connivencia del organismo regulador, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de determinados órganos jurisdiccionales que se negaron a investigar las denuncias que presenté. A pesar de estar todas ellas perfectamente documentadas y los hechos acreditados.

Pero estos ciudadanos no sólo actuaron contra mí utilizando de manera fraudulenta tanto los Juzgados de Instrucción, como las acusaciones sobre la comisión de supuestos delitos y la prensa. También actuaron contra dos ex empleados de Zinkia, una vez lograron hacerse con el control de la sociedad y con sus órganos ejecutivos.

Como decía, los que fueron los dos denunciantes en la querella, son actualmente el Presidente y el Consejero Delegado de Zinkia.

Pues bien, a estos dos ex empleados los nuevos gestores se negaron a pagarles las indemnizaciones que les correspondían por contrato. Primero les amenazaron con interponerles una querella si no aceptaban las condiciones que ellos les imponían en cuanto al pago de indemnización y que nada tenían que ver con las que estipulaban sus contratos de trabajo.

Como ellos no aceptaron, al ser perfectos conocedores de la legalidad de sus contratos, al poco tiempo se encontraron con una querella. Querella que les interpusieron en el seno del procedimiento judicial que habían logrado que se abriera contra mí. La que ahora ha quedado archivada. Estos dos ilustres ciudadanos denunciaron a los ex empleados también sobre la base de unas acusaciones que no tenían fundamento alguno pero que… el Juzgado de Instrucción admitió como veraces.

Ambos ex trabajadores de Zinkia quedaron imputados por unos supuestos delitos que no habían cometido. Y comenzó una investigación. Eso sí, mientras tanto, por supuesto, se quedaron sin capacidad para poder encontrar trabajo. Estar imputados por unas supuestas actuaciones delictivas en sus antiguos puestos de trabajo les cerraba el mercado. Y además, se negaban a pagarles las indemnizaciones a que tenían derecho. Lo que les cerraba la capacidad de mantener a sus familias.

No les quedó más remedio que negociar y aceptar las condiciones que los nuevos directores de Zinkia les impusieron. De lo contrario podrían pasar años – como me está pasando a mí – hasta que la situación se regularizara de acuerdo con la Ley. Mientras tanto, estarían sin poder mantener a sus familias y sin poder encontrar trabajo.

Una vez que negociaron y aceptaron las condiciones que les impusieron, los denunciantes retiraron la acusación que habían presentado contra ellos frente al Juzgado. Habían logrado lo que querían. Les pagaron una parte de lo que en realidad les correspondía y después, el Juzgado tardó dos años en archivar la imputación contra ellos.

¿Es posible una mayor manipulación de la Justicia?

Indudablemente, de esto que estoy comentando, ningún medio de comunicación se hará eco y ningún medio publicará las noticias. Ningún medio de comunicación pedirá disculpas por el destrozo llevado a cabo durante años contra mí y contra mi familia. Tampoco contra el resto de los afectados por este conjunto de acciones.

En España interponer denuncias con contenido falso sale muy barato. Destruir las vidas de personas y familias sale muy barato. Manipular el Mercado de Valores sale muy barato. Blanquear capitales sale muy barato.

Es lo que parece poder concluirse de estos hechos que estoy narrando.

Por otra parte, no perdamos de vista que España es un Estado miembro de la Unión Europea. Una unión de un conjunto de estados que, además, en este último año y como consecuencia de los efectos devastadores de la pandemia provocada por el COVID-19 han decidido hacer un esfuerzo especial para apoyar a los Estados miembros y a sus ciudadanos, bajo la condicionalidad de una correcta aplicación del Estado de Derecho en cada uno de los Estados miembros.

Todo lo que estoy comentando pone en serias dudas la correcta aplicación del Estado de Derecho en el Reino de España. Al menos, por parte de determinados órganos oficiales.

Ya en 1.882 se apuntaba lo que en España se conoce como Estado de Derecho. Y se podría trasladar con puntos y comas a la actualidad.

El 22 de diciembre de 1.882, el número extraordinario del periódico vespertino La Época hacía una síntesis de una conferencia que había dictado el político y académico español Don Francisco Silvela en el Ateneo de Madrid.

Para cuando lo hizo había sido ya Ministro de Gobernación. Al año siguiente pasaría a ser Ministro de Gracia y Justicia. Es decir, sabía bien de lo que hablaba. El artículo decía:

«En España existe un Estado de Derecho» que encanta por su mecanismo regular, metódico y minucioso en garantías. Y por otro lado, un «Estado de hecho» que, contrastando con aquel profundamente, lo destruye hasta en sus más insignificantes pormenores, haciéndolo perfectamente ilusorio»

La Época, núm extraordinario de 22 de Diciembre 1882

Don Francisco Silvela, además de los cargos anteriormente citados, fue también en dos ocasiones Presidente del Consejo de Ministros, Diputado en cuatro legislaturas diferentes entre 1870 y 1905 – año en que falleció -, y miembro de la Real Academia Española, de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

No sólo sabía de lo que hablaba al referirse al Estado de Derecho en España en aquel tiempo. Por lo que se puede apreciar, se podría deducir que aquello que decía el ilustre político y académico, se repite tal cual hoy en día.

Si alguno tiene curiosidad por entender un poco la estrategia que hubo detrás y lo que se hizo para lograr la victoria en el asalto sobre Zinkia y sobre la titularidad de Pocoyo, os invito a leer el post publicado por la Asociación de Víctimas de corrupción judicial, con el título Caso Pocoyo.